A un año de las protestas, Colombia no resuelve las muertes

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Decenas de familias colombianas aún piden justicia por sus muertos y el dolor se aviva con la llegada de un nuevo 28 de abril, cuando se conmemora el primer aniversario del llamado “Paro Nacional” que se convirtió en el ciclo de protestas antigubernamentales más grande de la historia reciente en el país.

Las pesquisas de las autoridades avanzan lento. Según Naciones Unidas, más de 40 personas perdieron la vida en las manifestaciones, aunque la Fiscalía señaló a The Associated Press que se documentaron 29 asesinatos. De éstos solo hay tres casos en juicio, dos más en etapa de investigación y los 24 restantes en indagación, una fase inicial en los procesos.

“No hemos llegado ni siquiera a una primera instancia. No hay ningún imputado, está en indagación”, dijo angustiada Laura Guerrero, madre de Nicolás Guerrero, un joven artista de 26 que falleció en la madrugada del 3 de mayo de 2021 durante una manifestación en Cali, una ciudad al suroeste del país considerada el epicentro de las protestas y donde la se agudizó.

El inconformismo en Colombia tomó forma en las calles en dos meses de protestas que generaron inestabilidad e incertidumbre. La presión de las manifestaciones logró que el gobierno retirara una reforma fiscal que consideraban injusta y que renunciara el ministro de Hacienda, pero no se detuvo, luego se convirtió en un reclamo generalizado por problemas estructurales como la inequidad, el desempleo, la pobreza y presunto exceso de la fuerza de la policía.

En Cali algunas calles fueron cerradas por barricadas y los accesos a la ciudad bloqueados dificultando el paso de y medicamentos. Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas en todo el país, hubo actos vandálicos contra la infraestructura pública como el transporte y las estaciones de policía y la privada, como el incendio de algunos bancos. También se registraron disturbios y enfrentamientos con agentes antimotines, lo que no solo causó muertos, también más de 3.000 heridos, entre civiles y policías.

“Mi hijo fue impactado por un arma nueve milímetros en el lado izquierdo de su frente. Nosotros hemos aportado todas las pruebas, para mí es claro que lo mató la policía”, relató a la AP Guerrero, quien ha recibido amenazas por denunciar públicamente y liderar un grupo de víctimas.

Cientos volvieron a las calles el jueves -en manifestaciones menos concurridas que las de 2021- en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Villavicencio, donde se realizaban homenajes a las víctimas y actividades culturales. En tanto, el gobierno desplegó un operativo de seguridad con más de 50.000 uniformados. En el balance de la jornada, las autoridades indicaron que fue mayoritariamente pacífica con “incidentes menores” e intervenciones de la policía antimotines en Bogotá, Medellín, Popayán y Tunja por disturbios. Fueron capturadas 14 personas, entre ellas una extranjera.

“Hay incumplimientos del gobierno con las reformas educativas, la seguridad en los territorios y las tierras para los pueblos indígenas y campesinos”, dijo a la AP Adelso Gallo, presidente de la Asociación Nacional Campesina durante una asamblea popular en Bogotá a la que asistían unas 200 personas. Gallo también rechazó la “impunidad” frente a las denuncias de violación a los derechos humanos en el marco de las protestas del año pasado.

El presunto uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones en 2021 ha sido una denuncia constante no solo de las víctimas, sino también de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta última verificó que 46 personas perdieron la vida en las protestas -entre ellas dos policías- y señaló, en un informe divulgado en diciembre, que en 28 de estos casos los miembros de la fuerza pública serían los presuntos responsables.

Sin embargo, como respuesta a una solicitud de información, la Fiscalía colombiana reportó que según sus investigaciones son 10 los casos en los que se encuentran vinculados miembros de la fuerza pública.

“La prueba más fuerte que tenemos es la de balística, porque muestra que la bala salió del arma del policía”, dijo a la AP Sandra Milena Meneses, madre de Murillo Meneses, de 19 años, quien falleció en la noche del 1 de mayo en Ibagué, una ciudad al oeste del país.

Su caso es uno de los más avanzados, el juicio está por iniciar. La Fiscalía acusó formalmente al mayor Jorge Mario Molano Bedoya, quien se detenido, por presuntamente disparar “su arma de dotación de manera indiscriminada y sin razón alguna, en el entendido de que los manifestantes se habían retirado” impactando a Murillo, quien caminaba solo rumbo a su casa y era ajeno a la protesta.

En una entrevista reciente con la AP, el presidente colombiano Iván Duque dijo que su gobierno tiene “cero tolerancia” con cualquier conducta ilegal de un miembro de la fuerza pública y aseguró que como consecuencia de investigaciones hay “varias personas (policías) que han recibido sanción de suspensión” o han sido alejados de su responsabilidad, sin embargo, no detalló de cuántos casos se trata.

Al ser consultada por medio de una solicitud de información, la policía no respondió cuántos uniformados han sido sancionados y cómo. Sin embargo, la Procuraduría, encargada de investigar disciplinariamente a los funcionarios públicos, aseguró que continúan activas 448 investigaciones contra policías, de un total de 1.205 quejas que se tramitaron.

Aunque del listado de investigaciones activas la mayoría tiene “reserva sumarial” y por tanto no hay acceso público al detalle del proceso, algunas fueron especificadas. En Bogotá hay un caso activo por presuntas agresiones de agentes antimotines a manifestantes durante disturbios y se está en proceso de ordenar una sanción de suspensión e inhabilidad especial por seis meses, señaló la Procuraduría.

Ante los cuestionamientos, la policía asegura que ha promovido la capacitación en derechos humanos e implementado mejoras en sus protocolos para garantizar el derecho a la manifestación pacífica. En febrero el gobierno de Estados Unidos donó ocho millones de dólares a la policía colombiana para fortalecer los estándares de derechos humanos y la lucha contra la corrupción dentro de la institución.

Las fuerzas de seguridad han sido cuestionadas antes. Durante las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, la policía estuvo presuntamente involucrada en la muerte de 11 personas, según un informe independiente y respaldado por Naciones Unidas. Las protestas contra la policía se desataron tras el asesinato de Javier Ordóñez, de 43 años, quien fue reducido y golpeado por agentes de la policía pese a sus súplicas constantes para que se detuvieran.

Las madres de los jóvenes asesinados en varias ciudades del país no solo llevan el proceso judicial a cuestas, también buscan dejar en alto el nombre de sus hijos. “Ha sido un año donde todo cambió para nosotros, muy difícil por el duelo y también porque, aunque hemos tenido mucho apoyo, estamos llevando una presión social, una estigmatización en medio de una crisis política, aunque nosotros no somos políticos”, relató Meneses.

Las autoridades han dicho que algunas protestas estuvieron infiltradas por grupos armados, sin embargo, la Fiscalía contestó a la AP que en los casos de 15 víctimas mortales en las que se han “logrado esclarecer los hechos” no se ha establecido ningún tipo de relación con grupos al margen de la ley.

“Tengo mi esperanza siempre en la verdad y la justicia divina que todas las cosas se acomodan tarde o temprano y que todo un límite”, dice entre lágrimas Meneses. “Me quitaron hasta el miedo, me quitaron a mi único hijo. No me voy a callar, tengo toda mi vida para esto”, agrega con convicción.



Fuente LD

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